Tras un desafortunado accidente laboral, ha salido a la luz la falta de supervisión por parte del gobierno de Oliva en el marco del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos (RSU). Esta situación confirma las denuncias reiteradas que el Grupo Socialista Municipal ha venido presentando durante meses en las diversas sesiones plenarias, donde se ha advertido sobre la insuficiencia de medidas de seguridad laboral para los trabajadores de este servicio público, así como el retraso en la incorporación de los nuevos camiones para la recogida de residuos.
El contrato, que entró en vigor en agosto de 2023 con un valor cercano a los 20 millones de euros para un período de 8 años, fue adjudicado a la empresa FOVASA. Se esperaba que este contrato significara una mejora sustancial, incluyendo la renovación completa de los camiones de servicio y la actualización de los contenedores de residuos. Sin embargo, tras 9 meses, solo se ha incorporado un nuevo camión al servicio, dejando el resto obsoletos, y la renovación de los contenedores aún no se ha completado.
Este panorama ha generado malestar entre el personal, cuyas condiciones laborales se han visto afectadas negativamente. El Grupo Socialista denunció públicamente estas deficiencias en los plenos de septiembre y octubre de 2023, advirtiendo sobre los riesgos de seguir operando con camiones antiguos y con un solo trabajador en la parte posterior de los vehículos, lo cual representa un peligro debido a la ausencia de paradas de emergencia manuales en los camiones viejos.
A pesar de estas advertencias, el gobierno local no tomó medidas adecuadas, y el pasado 12 de abril se produjo un accidente en la ruta de recogida de residuos en Oliva Nova. Un trabajador quedó suspendido y arrastrado por el camión debido a la ruptura del estribo, sin poder activar el botón de emergencia. Este incidente pudo haberse evitado si se hubieran utilizado los nuevos camiones de recogida o si se hubiera mantenido la presencia de dos trabajadores en la parte posterior de los vehículos.
Ante esta situación, el Grupo Socialista reitera su denuncia sobre la falta de seguridad de los trabajadores de este servicio público. Además, critica la decisión del gobierno de Oliva de contratar a una empresa de Barcelona por 17.400 euros para realizar un seguimiento del grado de implementación del nuevo contrato durante 4 meses. Esta medida fue considerada inapropiada desde el principio por los partidos de la oposición, ya que el Ayuntamiento cuenta con un funcionario municipal responsable del contrato.
«La seguridad de los trabajadores no puede ser comprometida», expresó la concejala socialista Ana Morell, instando al ayuntamiento a asumir su responsabilidad. En un contrato de 20 millones de euros, que lleva más de 9 meses en vigor, es inaceptable que no se estén implementando medidas adecuadas de control. Se espera que el gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y evitar futuros accidentes.
